Ficha

Uno de los pilares sobre los que se asienta un Estado verdaderamente democrático es la libertad de expresión e información. Durante la Segunda República española, adalid de libertades en el imaginario de la izquierda actual, en cambio se anuló esta libertad. Todos los gabinetes que se fueron sucediendo en el poder ejercieron una labor de control y de censura sobre la prensa que impidió, de facto, el ejercicio de un periodismo libre e independiente. Los primeros pasos de la censura ya se dan con el gobierno provisional, al aprobar un estatuto jurídico que permitía suspender garantías ciudadanas, como la libertad de expresión, y con el que serían frecuentes los secuestros y suspensiones de publicaciones. El gobierno de coalición republicano-socialista elaboró muy pronto la Ley de Defensa de la República, decisiva para cercar más estrechamente a la prensa. Tanto fue así que tuvo que insertarse como una disposición transitoria de la Constitución, pues chocaba de bruces con la libertad de expresión e información que esta reconocía. Para compensar sus limitaciones, en julio de 1933 el gobierno supuestamente progresista del I Bienio dio un paso más: aprobó la Ley de Orden Público que instauraba oficialmente la censura previa. Se instauró entonces un aparato de censura que los gobiernos derechistas del II Bienio harían mucho más uniforme y robusto. En una situación tan convulsa como la que vivió España en los meses que precedieron al golpe militar del 18 de julio, el Frente Popular siguió aplicando la censura, pero sin ser capaz de que sus órdenes fueran acatadas por todos sus gobernadores. La censura se volvió dispar: férrea en Madrid y en otras grandes ciudades pero más laxa en determinadas provincias. Este estudio relata con todo lujo de detalles cómo se ejerció la censura, qué cuestiones preocuparon a los sucesivos gobernantes, cuándo y por qué extendió sus tentáculos al exterior. La obra explica las diferencias entre la censura civil y militar y la evolución que el aparato de censura experimentó durante los cinco años de régimen republicano. Todo ello con la solidez de la prueba documental, rescatando de un olvido de ochenta años una nutrida documentación de primera mano que había permanecido inédita hasta la fecha. Los telegramas entre el ministro de la Gobernación y los gobernadores civiles, entre el ministro de Estado y sus embajadores o entre el ministro de la Guerra y sus generales confirman, sin ningún género de duda, que todos los gobernantes republicanos anularon sistemáticamente la libertad de información. Las fuentes primarias son siempre las más elocuentes y esas son precisamente las que aquí se aportan. Ellas nos ratifican que el ideal democrático de la Segunda República fue un sueño roto, una aspiración frustrada.